Un nuevo episodio en la discusión sobre la reforma del sistema de salud ha activado las alarmas en varios ámbitos. El Ministerio de Salud se prepara para emitir un decreto que busca avanzar en la aplicación de elementos fundamentales de la reforma sin requerir la aprobación del legislativo. La medida, que algunos han descrito como un “camino alterno legal”, ha provocado inseguridad jurídica, inquietud económica y un aumento en la polémica política.
El decreto en cuestión plantea la creación de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud (RIISS), una figura que ya había sido propuesta dentro del articulado original de la reforma que fue discutida, pero no aprobada en el Congreso. Bajo esta estructura, se reorganizaría la forma en que se contratan y prestan los servicios de salud, trasladando competencias clave a los entes territoriales y transformando el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Aunque el Gobierno defiende que el decreto está respaldado por regulaciones existentes y no necesita pasar por el proceso legislativo, especialistas en derecho constitucional y estudiosos del sector salud han señalado que este documento excede una mera regulación administrativa. Ellos sostienen que el texto propone modificaciones significativas al sistema vigente de aseguramiento, lo cual, en su perspectiva, debería ser discutido y ratificado en el Congreso de la República, respetando el principio de separación de poderes.
Uno de los puntos más cuestionados es la falta de transparencia respecto a las fuentes de financiamiento necesarias para asegurar la implementación de la RIISS. La nueva estructura significaría que los fondos del sistema de salud sean administrados de manera directa por las Administradoras de Recursos de Salud (Adres) y por los gobiernos locales, lo que alteraría el flujo habitual de dinero que actualmente circula a través de las EPS. Según estimaciones iniciales, se necesitarían miles de millones de pesos adicionales para activar las nuevas redes, pero hasta este momento, no hay una fuente definida y sostenible que soporte ese gasto.
En paralelo, diversos actores del sistema de salud —incluidos gobernadores, secretarios de salud departamentales y organizaciones de profesionales del sector— han manifestado su preocupación por la inminente entrada en vigor de un modelo que no ha sido probado ni en fase piloto. Temen que, en ausencia de una planificación adecuada, se generen vacíos en la prestación del servicio, se profundicen las deudas con clínicas y hospitales, y se agraven los problemas ya existentes, como los retrasos en pagos a proveedores y la saturación en la atención primaria.
El Ministerio, en su posición, argumenta que el decreto es esencial para impulsar la transformación del sistema y evitar que la oposición política continúe retrasando decisiones apremiantes. Afirma que la implementación será gradual y que se velará por los derechos de los usuarios, asegurando también la continuidad en el servicio médico. No obstante, las garantías sobre el funcionamiento del nuevo modelo siguen siendo limitadas y el texto definitivo del decreto aún no se ha dado a conocer, lo que aumenta la incertidumbre.
Ciertos grupos políticos han manifestado que podrían utilizar recursos legales para detener su implementación, sosteniendo que representa un uso inapropiado de la autoridad normativa. También se considera la opción de que la Corte Constitucional intervenga para evaluar el alcance del decreto, si se comprueba que reemplaza la función legislativa sin el correspondiente debate democrático.
Mientras tanto, tanto los pacientes como los empleados del sector vigilan con inquietud una reforma que, más allá de sus objetivos, aún no logra aclarar las incógnitas sobre su viabilidad técnica, legal o económica. La cuestión de fondo sigue en debate: ¿es válido que el Ejecutivo prosiga con la reforma estructural del sistema de salud mediante procedimientos administrativos, sin el apoyo del Congreso? ¿O es una reacción imprescindible ante un sistema que ha sido profundamente criticado durante años?
Lo cierto es que, con este decreto, el país se aproxima a un punto de quiebre en la política sanitaria, en medio de un clima de alta polarización institucional y con consecuencias que podrían marcar el rumbo del sistema de salud por los próximos años.
